Duele escribir sobre un tema que toca tan de cerca a uno, a su familia y a su tierra. La minería del carbón, a la que están condenando a la extinción. Se consiguió, no sin la consiguiente movilización de los trabajadores, una autorización de la Comisión Europea para la concesión de compensaciones hasta 2014 y el consiguiente Real Decreto que subvenciona el carbón autóctono para que las eléctricas sigan primando su consumo en las térmicas nacionales frente al carbón importado de Sudáfrica y Rusia -con la globalización hemos topado-, que les saldría más barato si no fuera por esta corrección introducida en el precio del carbón autóctono subvencionado, pese a los costes del flete (nos podemos imaginar los salarios de los mineros de allí y la calidad -o más bien falta de ella- de las instalaciones, determinantes para las condiciones de trabajo y la seguridad laboral). Las eléctricas han presentado el correspondiente recurso contencioso administrativo contra el Real Decreto, en la Audiencia Nacional, y Tribunal Supremo (en resolución de recurso frente al acuerdo de la Audiencia Nacional) y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo. A raíz de la impugnación del reglamento, el último de los órganos jurisdiccionales nombrados (y por lo que tengo leído también los nacionales lo acordaron y ratificaron respectivamente) ha acordado, a petición de la parte actora, la paralización de la aplicación del Real Decreto como medida cautelarísima. Una medida cautelar no se toma a la ligera, pese a que de esta opinión parece ser -interesadamente- la prensa local, las eléctricas han alegado que se vulnera el libre mercado, incrementa los costes de tarifa energética y les impide cumplir los objetivos ambientales fijados. En general y sin entrar en consideraciones doctrinales, se exige para adoptar medidas cautelares, primero: lo que denominamos el fumum boni iuris o apariencia de buen derecho, es decir que, a primera vista, lo alegado por quien pide medidas cautelares sea una pretensión legítima, es más, que exista la probabilidad de que el resultado del proceso sea favorable al actor, sin entrar a prejuzgar sobre el fondo del asunto; en segundo lugar se exige que concurra el periculum in mora, o riesgo de que durante el tiempo que transcurra hasta la decisión definitiva se pueda frustrar la efectividad del fallo. También se exige la prestación de caución suficiente por la parte actora, que pueda atender a los daños y perjuicios ocasionados por la adopción de la medida, si finalmente se deriva del proceso la no atención de las pretensiones de esa parte. En este caso estamos hablando de un daño emergente que genera la propia medida además de un lucro cesante considerable al mantenerse ésta en el tiempo (impago de salarios de empleados, cierres patronales, ERE's etc. de las empresas mineras, directamente afectadas por la medida). Con la caución se supone que se garantiza la posición inicial de quien soporta la medida para el caso de que no sea atendida la pretensión del actor Y en la jurisprudencia europea se tiene también en cuenta la ponderación de bienes jurídicos en conflicto. Habiendo adoptado la medida la Audiencia Nacional, ratificada por el Tribunal Supremo y confirmada la paralización por el TJUE, me cuesta hablar de arbitrariedad y falta de prudencia a la hora de acordarla, como se desprende de ciertos artículos de prensa que he leído. Puede que nos joda más o menos, pero están en su derecho.
Las eléctricas como cualquier otra empresa en un libre mercado, lo que buscan es maximizar el beneficio reduciendo al máximo sus costes, y ésta es la vía que han visto más expedita para ello, pese a la grave externalidad social negativa que supone, que duda cabe, para las comarcas mineras. Que nadie se lleve a engaño que por pedirlo por favor las eléctricas no van a quemar carbón nacional, lo harán en tanto en cuanto la corrección al precio que deriva de la subvención como poco iguale al coste de importarlo. Ha dicho el Ministerio de Industria que las eléctricas se han comprometido a dar un adelanto con cargo al carbón a consumir, pero al no estar obligadas a ello, yo si no lo veo no lo creo, y es más, me gustaría ver si llega a su destino de cubrir salarios y no se queda por el camino, que en las cuentas de pérdidas y ganancias hay cuentas muy golosas antes de la de gastos de personal.
Una salida estupenda de la que sólo parecen darse cuenta ahora, que ya hay en marcha ERE's en varias empresas de la Provincia (algunos adoptados como cierres patronales encubiertos, dado que se llevaron a cabo antes de la preceptiva autorización administrativa), y más que se están barajando en un sector que, no se equivoquen, ya no tiene la fuerza de convocatoria que tenía cuando contaba con más de 20.000 trabajadores en activo, pese a que los 5.000 que le quedan conservan las ganas y el tesón de aquellos de manera muy loable, una salida era la del desarrollo de la tecnología para la captura de emisiones de CO2, creando de manera real y efectiva centrales térmicas que no emitan a la atmósfera ese contaminante y, por ello, no tuvieran que acudir las empresas eléctricas propietarias de la CT a demandar licencias de contaminación al mercado de licencias de emisión, con el abaratamiento de costes que ello supondría, en tal medida que incluso les saliese rentable el carbón autóctono frente al importado + licencias (porque claro está, después de una enorme inversión en esa tecnología de secuestro de CO2 lo que no podría consentirse es que se use para ahorrar costes en licencias de emisión y a su vez quemando carbón más barato que el nacional, aunque el argumento es válido en un mercado libre y sin regular, creo que en este punto habría de ponérsele coto). Si los gestores y responsables de las ayudas al carbón, las empresas mineras y los sindicatos hubieran centrado sus esfuerzos en promover esta tecnología, y menos en polígonos industriales imposibles, e iniciativas con nula generación de empleo más allá de su puesta en práctica, quizá otro gallo nos cantaba ahora. Pero en este país, como siempre, no vemos venir al lobo hasta que nos está mordiendo las piernas. Parece ser que el Ciuden llega tarde.
Pase lo que pase con la resolución sobre el Real Decreto, estamos ante parches poco más que quinquenales que van salvando los muebles mientras el agua sigue comiéndose los cimientos. Pan para hoy y hambre para mañana. Las comarcas mineras necesitan una reestructuración radical y ésta viene siendo urgente desde los noventa, pero no se ha invertido ni un solo euro con decisión en ella. Pequeños proyectos por aquí y por allá, pero nada que salve éstas zonas, reindustrializándolas o reactivándolas económicamente para el día, que nadie dude que llegará, en el que el carbón ya no de más de sí (y démonos cuenta de que si excluimos las subvenciones, ese día ya hace mucho que llegó).
He llegado a ver artículos en prensa en los que se propone nacionalizar las térmicas o las empresas eléctricas. Cierto es que las empresas de distribución de servicios basados en recursos naturales, son monopolios naturales, una vez extendida la red de distribución, los costes variables tienden a cero y se teoriza que un monopolio es posible y adecuado para esa distribución, y quién mejor para gestionar un monopolio natural que el Estado a través de precios públicos y regulados o de una concesión administrativa. Pues no, desde el momento en que ese monopolio natural se desvirtúa por el carácter global del mercado y los recursos, por la injerencia del mercado de licencias de emisión, por la entrada de multinacionales de otros Estados, vemos como existe un mercado más o menos reducido, en el que casi se podría hablar de oligopolio, aunque no hay de momento colusión (el tema de ponerse de acuerdo lo solucionan lanzándose grandes OPA's), en el que unas pocas empresas de gran poder compiten por cuotas de mercado ingentes, intentando reducir lo más posible el precio a la vez que maximizan los beneficios (lo cual perjudica al carbón en el mix energético, porque dada su relevancia para los costes indirectos del mercado de emisiones, se convierte en muy caro en comparación con las energías limpias o la energía nuclear). Esto del mercado libre se supone que beneficia a los usuarios de la electricidad (y no conozco a persona física o jurídica española que no lo sea), que pueden acceder a unas mejores tarifas por existir competencia en el mercado. También es verdad que con la última normativa al respecto de la tarifa social (o de último recurso) y por otro lado del mercado libre, o con permitirse que facturen por estimación períodos determinados, esto es un "sin dios", claro que esto ya es otro tema. Si nacionalizan las eléctricas o simplemente los hornos de las centrales térmicas (termogeneradoras), dando un precio público -imagino que es la intención- a la tarifa de la luz, y obligándolas a consumir carbón autóctono, el desfase entre costes del sistema y beneficios (inevitablemente negativos) iba a repercutirse directamente en los bolsillos de todos y cada uno de los contribuyentes, y por mucho que nos duela a los oriundos de cuencas mineras, la mayoría de los españoles de a pie pueden no estar dispuestos a arrimar el hombro por un sector que no es rentable (y menos si a ellos les ha afectado alguno de los centenares de ERE's y despidos que sin más miramientos se están dando en estos días). Además pocas empresas conozco que sean menos eficientes que las gestionadas por el Estado, y con el déficit que tiene hoy España, y Bruselas dándonos toques para no acabar como Grecia o Irlanda, no se entendería por nadie en su sano juicio la decisión de engrosar ese déficit con el peso de un sector productivo con resultados negativos y paralizada la producción e ingresos (en tanto en cuanto el propio Estado no inyectara dinero). Que se propongan soluciones, y urgentemente, pero no locuras o salidas que empeoren a nivel sectorial, o lo que es peor global, el estado del asunto, que esto de la nacionalización suena más bien a bravata bolchevique de cuatro sindicalistas con añoro de los planes quinquenales de la URSS (modelo de eficiencia y efectividad económica allá donde los haya, guiño, guiño). De nacionalizar la minería ya ni hablamos, a HUNOSA me remito.
Tenemos un futuro muy negro en las cuencas, pero más luz le daríamos si el dinero se destinase a inversiones que realmente vayan a generar empleo, y han de ser tan bien orientadas que el día de mañana si nos obligasen a cerrar nuestras minas pudiéramos decir, que nadie se preocupe, la comarca tiene puestos de trabajo e ideas para absorber todo este desempleo coyuntural. Mucho me temo que no va a ser así (nos gastamos más de 700.000 euros en una guardería, cuando si esto va a pique no va a haber niños que escolarizar, y no los destinamos a proyectos de industrialización o fomento de la inversión productiva en la zona). Yo le debo al carbón mucho, incluso los fondos MINER colaboraron en mi educación, pero he tenido que ser otro que, como tantos con estudios superiores no encuentra acomodo en la zona (en la que no hay empleo visible para titulados) y me he tenido que ir fuera a buscar empleo, y como yo, conozco a cientos. Se quedan precisamente los que peor lo tendrán para obtener empleo si esto cierra, han centrado su vida en la maestría de un oficio y es lo que saben hacer, sin necesidad de mayores titulaciones, ni estudios, ni experiencias por aquí y por allá. Y por y para ellos, que son los que siguen tirando de la economía de la zona, es por los que deberían hacer los gestores de dinero público y de las ayudas europeas, que ellos se han ganado a pulso y en la calle, un esfuerzo de responsabilidad y de ideas, para darle una salida a su futuro, que es ya el pasado de alguno de nosotros, pero no queremos que pase a ser también el de ellos.
No al fin de las cuencas mineras.